El Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar, presentado por Enrique Ramos, fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional de mayoría psuvista. De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por el parlamentario al Diario El Carabobeño, el instrumento legal busca «proteger a los niños y adolescentes contra el acoso escolar». La Ley, en su exposición de motivos, tiene como fundamento legal y organizativo para la puesta en marcha de un sistema de articulación institucional para la disminución y erradicación de la violencia escolar y en la que se demanda el buen uso de las redes sociales. Consta de tres capítulos, el primero de ellos, referido a las disposiciones generales en el que se expresa las definiciones de la problemática, pero desde un punto de vista propositivo, enmarcado en principios y valores. El segundo capítulo concerniente al ámbito de aplicación, para ello se crea “El Consejo de Convivencia Pacífica Escolar” y el tercero sobre la Prevención y Protección Integral ante el Acoso Escolar contra Niños, Niñas y Adolescentes, el cual prevé la actualización de las normas de convivencia escolar definidas en directrices propuestas como estrategias o medidas disciplinarias.

Por su parte, el Ministerio Público (MP) está ejecutando un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar hasta que sea aprobada la mencionada Ley. En el marco de su ejecución se han imputado a estudiantes y a docentes. Es importante destacar que el MP publicó algunos vídeos de violencia escolar luego de su viralización, pero lo controversial se presentó en el Colegio de Loyola – Gumilla de Puerto Ordaz, cuando en las redes institucionales del organismo, se señalaron los datos personales de un menor imputado como también la judicialización de la Directora por presunta omisión.

En otro caso, la profesora Marisol Garrido, Directora del Liceo Ezequiel Zamora de Cúa estado Miranda, fue privada de libertad también por presunta omisión. La omisión es una conducta que consiste en la abstención de un funcionario que no actúa cuando se presenta un asunto que es de su competencia. En ambos casos, se conoció por las redes sociales la defensa de las partes, quienes manifestaron que actuaron al respecto, pero a juicio del Ministerio Público no conforme con la Ley, marcando un precedente.

A través de un audio que se difundió antes de quedar en libertad, la profesora Marisol Garrido relata como fueron sus actuaciones, las cuales contaron con el acompañamiento de órganos jurisdiccionales del Estado (Policía Escolar de Miranda). La docente afirmó que conversó con las estudiantes que se pelearon fuera de la institución y con sus representantes sobre «el acoso escolar y puso como tarea a las estudiantes -dos de 13 años y una de 14- realizar una labor social y dictar una charla sobre la violencia estudiantil». En otro hecho de violencia ocurrido el 26 de mayo fuera del Liceo Batalla de Santa Inés de Valencia, el Consejo Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes de ese municipio emitió un comunicado público a través de su cuenta en Instagram publicado el 31 de mayo de 2022, en el que desmiente el fallecimiento de una de las estudiantes involucrada en los hechos. Por su parte, los medios regionales desmintieron la detención de los directivos del plantel.

Audio de profesora Marisol Garrido 

 

De ser aprobada la Ley, se conformarán los Comités de Convivencia Pacífica en todos los estados y municipios, de manera que allí sean tratados los casos de acoso estudiantil que se presenten, incluso en forma confidencial, como lo señala Enrique Ramos en su entrevista ofrecida al Diario El Carabobeño el pasado 09 de mayo. Ahora bien, si los órganos de ejecución para la Convivencia Pacífica Escolar lo representarán estudiantiles, comunidades y funcionarios designados por el partido político del gobierno, sin representación de activistas en derechos humanos en materia de niños, niñas y adolescentes, ni de los educadores cuando están siendo judicializados, lo cual puede ubicar a los docentes en individuos estigmatizados.

Ya se han experimentado imputaciones y la detención de una docente, el rechazo y el cuestionamiento de esas medidas con argumentos sólidos y contundentes no se hicieron esperar. Entonces, hacia donde nos quieren llevar con este proyecto de Ley. ¿Será una nueva fase de Control Social con distracción incluida?

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